La juez no disponía de pruebas para encarcelar a Zaplana

Tras la sentencia del Tribunal Constitucional que ha revocado los autos de la juez de Valencia que sirvieron para encarcelar a Eduardo Zaplana y otros dos investigados del caso Erial, OKDIARIO ha realizado un exhaustivo repaso a la cronología de las pruebas contra el ex presidente valenciano. Sorprendentemente, no existe ningún dato, acusación, testimonio o denuncia que justificaran su ingreso en prisión y, mucho menos, su permanencia en la cárcel durante casi un año.

¿Cuáles eran, por tanto, esas pruebas tan contundentes a las que se refería la juez Rodríguez Guerola para preservar el secreto sumarial -ahora revocado por el Constitucional- cuando abrió las diligencias del caso Erial en 2015?

¿Tan concluyentes eran esas pruebas cuando dictó el auto de prisión contra Zaplana y otros imputados en mayo de 2018?

¿Acumuló la juez más pruebas determinantes durante los nueve meses que los investigados, preventivamente, permanecieron en prisión al tiempo que rechazaba de manera sistemática los recursos de los letrados?

La investigación del sumario de OKDIARIO puede concluir que ni existían pruebas ni la juez las amplió mientras el ex ministro del Gobierno de José María Aznar arriesgaba su vida entre rejas por su cáncer de leucemia. Basta con repasar la cronología de las diligencias sumariales para comprender que la juez y el fiscal carecían de documentación para mandar y mantener en la cárcel a Zaplana, Grau y Barceló, independientemente de que pudieran seguir instruyendo la causa Erial.

¿Y cómo sin un cuerpo probatorio la juez Rodríguez Guerola y el fiscal Ponce podían facilitar por escrito a los investigados, como les recrimina ahora el Tribunal Constitucional en su sentencia, las pruebas que manejaban para mantenerlos entre rejas?. Por todo ello, resulta extraño que la magistrada rechazara hasta en cinco veces la libertad de Zaplana y en tres la de Grau, el empresario que ha logrado el amparo del Tribunal Constitucional.

Preventivo hasta en las pruebas

En el caso de Zaplana el adjetivo “preventivo” no sólo se le debería atribuir a su condición de reo, sino también a la categoría de la documentación que disponía el Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia. Ingresó en prisión en mayo de 2018 con unas pruebas inexistentes, que también tenían la condición de “preventivas”, desde el momento que fue imputado de manera genérica por un auto secreto, fechado el 20 de noviembre de 2015.

La juez acordaba su implicación con los siguientes argumentos: “Estando también relacionadas o vinculadas con el Gobierno de Eduardo Zaplana y de su jefe de Gabinete Juan Francisco García Gómez, junto con los miembros de la familia Cotino que se mencionan en la denuncia. Por todo ello y dado también por reproducido el escrito de denuncia del Ministerio fiscal”.

En aquellas fechas, ni el empresario Marco Benavent -conocido como el “yonqui del dinero”-ni la persona que le había facilitado los documentos -el misterioso empresario sirio Imad Al Naddaf Yaloud- habían declarado en la causa. Tampoco existía ninguna prueba o escucha telefónica que señalaran al presidente de la Generalitat valenciana como el jefe de una banda criminal.

Si accionamos la moviola y nos retrotraemos a aquellas fechas de 2015, cuando se incoaban las diligencias declaradas secretas, nos encontramos con un cuerpo probatorio inexistente. Y desde el ingreso de Zaplana en prisión hasta enero de 2019, la juez sólo contaba con los testimonios inconsistentes de Marco Benavent y del sirio Imad Al Naddaf Yaloud. El testaferro uruguayo Fernando Belhot -para completar la santísima trinidad- entró en escena más tarde, cuando Zaplana ya llevaba ocho meses en la cárcel. Todo resultaba muy confuso.

La primera declaración de Benavent ante la UCO -un folio con 30 líneas de texto- se produjo dos años después, el 22 de marzo de 2017, tras el hallazgo en el despacho de su letrado de la conocida como “hoja de ruta” sobre la sociedad Proyectos Eólicos Valencianos. Según el sumario, ese documento había sido redactado a principios de 2001 y era un proyecto para que el grupo Sedesa se hiciera con la adjudicación del Plan Eólico de Valencia. Pero la concesión se produjo en 2003, un año después de que Zaplana abandonara la Generalitat y en ningún apartado del escrito aparece su nombre.

Los agentes de la UCO, tras un pacto de la Fiscalía con Ramiro Blasco, el abogado de Benavent, encontraron entre los papeles de su bufete un sobre que el empresario sirio Imad Al Naddaf Yaloud, había encontrado, supuestamente, diez años antes en un domicilio que Zaplana había ocupado hasta el 2002. El sirio, que había alquilado la vivienda tras haber sido habitada por otros dos inquilinos que no se habían percatado de la existencia del sobre, había confiado la supuesta “hoja de ruta” a Benavent. Pero, la sombra de Zaplana seguía sin aparecer por ningún sitio.

La segunda declaración de Benavent -un folio con 35 líneas- se produjo de manera precipitada el mismo día que detenían a Zaplana, para que se ratificara en su declaración ante la Guardia Civil. En su confesión no acusaba a Zaplana, sólo se refería a los papeles del sirio.

Posteriormente, Benavent declaró que el registro en el despacho de su abogado fue ilegal, que los documentos se entregaron tras un pacto y que todo se debió a un montaje contra Zaplana. La juez y el fiscal se negaron a escucharle.

El pacto con el testaferro

El segundo testigo, Imad Al Naddaf Yaloud, se limitó así mismo a refrendar la entrega del sobre, según él encontrado en un domicilio que Zaplana había vendido cinco años antes a un notario. En ningún momento acusó al ex presidente de haber cometido un delito ni aportaba pruebas fehacientes para su ingreso en prisión.

El tercer testimonio pertenecía al supuesto testaferro de Zaplana, el uruguayo Fernando Belhot, que carece de importancia en el tiempo para justificar la detención del ex presidente, ya que su primera declaración no se produjo hasta el 25 de enero de 2019 cuando los investigados llevaban ocho meses en prisión.

El testaferro, investigado por corrupción en media docena de causas en medio mundo, tras llegar a un pacto con el fiscal Ponce y pasar de imputado a testigo, acusó a Zaplana de ser el titular de una cuenta en Suiza con 6,7 millones de euros. El escrito del fiscal está fechado el 14 de diciembre de 2018, por lo que llegaba tarde para justificar el ingreso en prisión del ex ministro. Sorprendentemente, mientras Zaplana estaba en la cárcel, Belhot también aparece en el sumario con una orden de busca y captura, por lo que en ningún momento pudo facilitar al Juzgado pruebas contra el político del PP.

Por tanto, ¿cuáles eran esas pruebas tan importantes que aconsejaban al Juzgado y a la Fiscalía a mantener el secreto del sumario y a los tres investigados en prisión? En el sumario no aparecen por ningún lado. La propia juez se delataba en el auto de 7 de febrero de 2019 por el que decretaba la libertad de los encarcelados, que han sido respaldados por el Constitucional por la vulneración de sus derechos. Rodríguez Guerola reconocía que quedaban en libertad porque ya habían localizado 6,7 millones en una cuenta Suiza, según ella, propiedad de Zaplana.

Un miembro del Tribunal Supremo ha manifestado a OKDIARIO que algunos magistrados meten a los investigados en la cárcel para verse obligados a pactar con la Fiscalía, aunque en los autos se escuden legalmente en el riesgo de fuga o la destrucción de pruebas. De ahí, los nueve meses como preventivos de Zaplana, Barceló y Grau. Pero en el caso Erial se produjo algo excepcional que echó por tierra esas premisas: ninguno de los procesados ha llegado a pactos con la Fiscalía Anticorrupción, a pesar de haber sido tanteados. El único pacto se ha producido con un testaferro profesional -Fernando Belhot- que pasó de imputado a testigo y a quien le han prometido declarar en el juicio desde Montevideo por videoconferencia, como en su anterior comparecencia.

Con todos estos antecedentes, mientras Zaplana permanecía en prisión con un cáncer y un trasplante de médula, con el rechazo de los forenses, de los políticos de distintos partidos, entre ellos el PSOE y Compromís, y de la sociedad civil, la juez Rodríguez Guerola se sintió atacada por los medios de comunicación y pidió el amparo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que se lo otorgó con una escueta nota pública. Ahora, cinco años después, el Tribunal Constitucional ha amparado a quienes ingresaron en prisión tras ver sus derechos vulnerados por la juez y el fiscal. Queda por escuchar al CGPJ y a la Audiencia Provincial de Valencia que avaló todos los autos de la juez.